Si hay algo que caracterizó al Servicio Universal (SU) desde su creación en Argentina fue que, por distintos motivos, nunca llegó a cumplir con todas las expectativas y potencialidades. Por su parte, la llegada de la pandemia puso en evidencia que todavía falta mucho para la universalización del servicio (tanto aquí como en otros países), exigiendo entonces un sacudón al tema para poder canalizar mejor y más rápido los fondos que se acumulan mensualmente.
En este escenario, el Enacom redactó un nuevo reglamento del Servicio Universal, a través de la resolución 721/2020. El mismo introduce algunos aspectos que deberían colaborar a una ejecución más rápida y eficiente de los fondos.
Uno de los cambios atractivos es la adopción de lo que se conoce como modelo “Pay or Play” (pagar o jugar). El mismo implica que se puedan computar hasta el 30% de las inversiones realizadas en proyectos aprobados por el Enacom como forma de cancelación de los aportes previstos. En otras palabras, para un operador existente, de la inversión necesaria para desarrollar infraestructura en proyectos aprobados, un 30% puede provenir del monto que de otra forma tendrían que haber ingresado al fondo del Servicio Universal. Esto actúa de estímulo a la inversión. Por supuesto, los proyectos de despliegue de infraestructura no podrán coincidir con obligaciones de despliegue ya asumidas.
Los programas del Servicio Universal diseñados por el Enacom podrán comprender: despliegue para la conexión a la REFEFO, apoyo financiero a cooperativas y PyME para expansión y modernización de redes TIC, conectividad en instituciones públicas, acceso y prestación de servicios TIC para grupos de usuarios con limitaciones de acceso a los mismos, despliegue en zonas rurales y con condiciones geográficas adversas, acceso y prestación de servicios en barrios populares.
Otro aspecto destacable es que, para beneficiarse de los programas, se mantiene la prioridad para aquellos que se apliquen en municipios que hayan adoptado la normativa propuesta en el “Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles” elaborado por la Federación Argentina de Municipios y los operadores de comunicaciones móviles, con el auspicio del regulador. Considerando que habrá una demanda importante por distintos proyectos, todo municipio que no haya adoptado la normativa mencionada quedará muy atrás en la cola para recibirlos. Así, se incentivará a que los municipios adopten este código y simplifiquen los despliegues de las redes móviles.
Es una buena medida que el Enacom haya decidido movilizar los fondos del Servicio Universal, los que, a juzgar por la información publicada por el mismo regulador, estaban siendo subutilizados. Para tener una idea de referencia, según la facturación del 1º trimestre 2020, y considerando que el FSU está compuesto por el 1% de la facturación mensual de los operadores TIC, los fondos destinados al SU fueron el equivalente a $ 375 M mensuales (o unos $ 4.500 anuales).
Actualmente, y según las estimaciones de funcionarios de la gestión anterior, el FSU tiene un saldo de alrededor de $ 11 mil millones (o unos US$ 150 M al cambio actual), creciendo mensualmente. Ya era hora de poner ese dinero en infraestructura.